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Fuente: BCCR
Primera Plana
Comunicacion al día


Férrea oposición a cobro por descarga en telefonía móvil

Ronald Díaz V. Primera Plana | Martes 1 de Julio, 2014

Un rotundo no. Esa es la posición que diversos actores sociales han adoptado ante la pretensión de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de cambiar el esquema tarifario para la telefonía móvil en la modalidad de pospago.

En la actualidad, los usuarios adscritos a esta modalidad pagan una tarifa plana que se tasa por velocidad contratada. El cambio solicitado por las compañías telefónicas, y avalado por la Sutel, implica que el servicio se cobre por transferencia de datos con una tarifa de ¢0.0075 por kilobyte descargado.

Para que se dé una idea, si usted, por ejemplo, consume 1 gigabyte por mes, el pago ascendería a 7,500 colones. Sin embargo, la proyección es que este tipo de consumo aumente y el temor que existe es que una vez instaurado el sistema de cobros por datos, las facturas terminen disparándose.

El Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) fue una de las primeras organizaciones en plantear una posición adversa a esta propuesta de la Sutel. En un comunicado enviado a sus agremiados y hecho público por medio de las redes sociales, el Colper considera esta medida como un serio obstáculo para el ejercicio del periodismo en una época en donde el uso de Internet es una herramienta indispensable.

En forma paralela, Consumidores de Costa Rica se manifestaba alarmada por la filosofía de regulación impuesta por la Sutel. Al sustentar su posición la organización de defensa del consumidor estableció que esta modalidad de cobro “atenta contra la universalización de las telecomunicaciones, principalmente en zonas pobres y rurales”.

La Defensoría de los habitantes no tardó en hacer pública su preocupación y llegó incluso a pedir la suspensión de una audiencia pública convocada por la Sutel para discutir la propuesta de cobro por descarga.

La defensora Ofelia Taitelbaum señaló inconsistencias en la información que se brindó a los ciudadanos con miras a la convocatoria y cuestionó la argumentación de Sutel en el sentido de que el esquema actual de cobro sea el responsable de la congestión en las redes de telefonía móvil.

Al final la audiencia, programada para el 1 de julio, fue suspendida luego de que la Sala Constitucional acogiera para estudio un recurso de amparo presentado por el legislador Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana de Cartago.

Redondo, en coincidencia con la posición de la Defensoría, considera que la Sutel ha fallado en proveer información clara para los usuarios, lo cual genera indefensión, ni tampoco ha justificado con estudios la supuesta saturación de las redes.

Por su parte, el presidente Luis Guillermo Solís aún no ha hecho pública la posición del gobierno en este tema, aunque se espera que lo haga en los próximos días.

Telefónicas unidas

Para enfrentar la oposición generada ante la posibilidad del cobro por transferencia de datos, las empresas de telefonía móvil pospago decidieron unirse por vez primera para, como industria, defender el modelo propuesto.

Tanto Claro y Movistar, como el propio ICE, han advertido que el cobro por tarifa plena es insostenible dentro de un mercado competitivo y recalcan que esta es la modalidad que impera en el mundo.

Otro argumento principal por parte de las operadoras telefónicas es que el cobro por descarga frenará el abuso de un 5% de los usuarios, y que son responsables de saturar el servicio en detrimento de la mayoría.

Matías Gonzalo Señorán, gerente de comunicación de Telefónica-Movistar Costa Rica argumenta que el cobro por descarga ya se aplica a los clientes del servicio prepago y esto en vez de obstaculizar el acceso a la información, más bien ha apuntalado el crecimiento.

Señorán asegura que el 98% de la gente pagará lo mismo que ahora pues los paquetes se ajustarán a lo que la gente consume. “No vamos a inventarnos nada raro. Hoy hay competencia, si planteás algo loco , la gente no te compra”, razonó el ejecutivo de Movistar.

Frente opuesto

No obstante la argumentación de las compañías telefónicas, voces de distintos sectores se han elevado para advertir sobre la amenaza que representa el cobro por descarga, en especial para los sectores de la población más vulnerables.

En una amplia entrevista para Primera Plana Sebastián Fournier, de la Red de medios e iniciativas de comunicación alternativa (Red Mica), señala la inexistencia de un estudio que demuestre la calidad de la red de distribución de Intenet que sirve para interconectar las torres de comunicación y, por lo tanto, no se puede achacar a priori a los usuarios por la baja calidad del servicio.

Fournier también advierte sobre el aumento exponencial que tendrán las tarifas en los próximos años si nos basamos en el crecimiento sostenido de acceso a datos por medio de telefonía móvil.

“El ancho de banda del espectro radioléctrico se satura en función del área geográfica que cubre una misma torre. Si se colocan más torres por área geográfica es posible mejorar el servicio sin limitar el acceso a los datos cobrando precios prohibitivos”, explica Fournier, quien también aboga por que exista acceso preferencial, público y gratuito de Internet de banda ancha en escuelas, colegios y universidades.

Otras voz de peso que se opone al cobro por descarga es la de Guy Teramond, físico pionero de Internet en Costa Rica.

En una entrevista publicada por El Financiero, en la que también participaron el consultor Pablo Jenkins y el viceministro de Telecomunicaciones, Allan Ruiz, Teramond califica el cobro planteado por Sutel como “anacrónico” y cree que este sistema le haría un daño al país.

Finalmente, Marlon Mora, presidente del Colper, anunció que mantendrán su posición ante esta medida y en un próximo comunicado brindarán más argumentos desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos y del acceso a la información.

“El cobro por descarga violenta la libertad de expresión y limita un derecho fundamental como lo es el acceso a Internet, y desde esta perspectiva el Colegio que represento va a mantener una firme oposición y acompañará a todos los actores sociales que ven en esta pretensión un abuso y una amenaza que no debemos permitir”.

 

 

 

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