Jueves 25 de Abril, 2019
Criterium

¿Hacia el fin del estado confesional?

Enrique Villalobos Quirós *
Viernes 2 de Marzo, 2018

En la segunda mitad del siglo pasado, un embajador de México quiso retratar a la política costarricense y dijo en un artículo que la diferencia entre calderonistas y liberacionistas era que unos iban a misa de 8 y otros a misa de 10. La reacción de los aludidos ante esa fina ironía fue fuerte, hasta el punto de que lo declararon non grato y el diplomático azteca no tuvo más opción que regresar a su adorada y contaminada Tenochitlán.

Esta anécdota viene a cuento, porque una de las consecuencias de las pasadas elecciones, es que por primera vez desde 1940, con la presidencia de Rafael Ángel Calderón Guardia y la sucesiva alternabilidad con gobiernos de José Figueres o liberacionistas, a partir de 1948, ninguna de estas dos agrupaciones políticas está disputando la presidencia de la República, en una segunda ronda. Un ciclo de 78 años de bipartidismo llegó a su fin. Toda una catástrofe. Hubo, eso sí, un pequeño paréntesis con el gobierno de Otilio Ulate, 1949-1954, del partido Unión Nacional, hoy desaparecido. Por cierto, Ulate fue el primer presidente periodista de nuestra historia y tendremos a un segundo colega que gobierne al país, para el periodo 2018-2022, ya que Fabricio Alvarado (PRN) y Carlos Alvarado (PAC) son periodistas.

Ahora hay grandes cambios en el acontecer político nacional: los partidos políticos que pasaron a la segunda ronda electoral son el de Acción Ciudadana (PAC), que intenta repetir en el gobierno del país y el de Restauración Nacional (PRN), que se presenta como un partido con una fuerte influencia religiosa protestante o evangélica, al punto que de sus catorce diputados electos, siete son pastores o predicadores, sin contar al candidato presidencial.

Por el momento, a los diputados y diputadas del PRN los tienen silenciados mientras los instruyen en asuntos muy terrenales como el déficit fiscal, el desastre de nuestras carreteras y ferrocarriles, las concesiones de obras públicas, la política exterior, la creación de leyes, el funcionamiento del Parlamento, la integración de los comisiones, la aprobación de los presupuestos de la República y de las instituciones autónomas, y otros asuntos peliagudos: cómo enfrentarse a la prensa, el matrimonio gay tras la opinión consultiva de la Corte de DDHH y las guías de sexualidad del Ministerio de Educación. Pese a que guardan silencio por el momento, ya llegará el 1 de mayo y tendrán que expresar su pensamiento y enriquecernos con sus luces. Aunque también puede suceder que nunca abran su boca en el Plenario, como ha sucedido con tantos diputados que han desfilado por el Congreso. Han sido votos silenciosos y sumisos a la voz de mando del jefe de fracción. Aunque ahora podríamos decir que obedecerán la voz del pastor. Es toda una incógnita que será despejada con el tiempo. ¿Hablar o no hablar en público en otro lugar que no sea un púlpito? Esa es la cuestión ante tantos seguidores de Jehová.

Nuestra Constitución Política en su artículo 75, establece: “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”. En América Latina solo Costa Rica y República Dominicana tienen establecido que la religión católica es la del Estado. En nuestro caso, esa confesionalidad viene desde el Pacto de Concordia, de 1821, que fue mantenida en las sucesivas constituciones que hemos tenido, hasta el presente.

La Iglesia Católica, desde el Concilio Vaticano II, ha manifestado que el Estado debe ser laico y esa línea la ha repetido el Papa Francisco, por aquello de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Aunque el candidato Fabricio Alvarado ha manifestado que no le interesa reformar el artículo 75 de la CP, no me extrañaría ante tal cantidad de pastores protestantes en el Congreso, ahora que tienen el poder, que no sientan la tentación de nivelar el terreno para que todas las confesiones religiosas sean iguales ante el Estado, sin tener preferencia por alguna y lo mejor es que ya no tendrán que encaramarse en el Monumento Nacional para que los escuchen.

(*) Expresidente del Colegio de Periodistas


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