Expertos alertan sobre crisis en manejo de residuos y proponen soluciones urgentes durante jornada técnica
Alba E. Córdoba Ramírez | Jueves 12 de Junio, 2025
La vida útil de los rellenos sanitarios en Costa Rica está cerca de agotarse, y la situación se agrava por el alto volumen de desechos sólidos generados. Así lo advirtieron especialistas durante la Jornada Técnica sobre Gestión de Residuos Sólidos, realizada el pasado martes 10 de junio, con el objetivo de analizar la situación actual y proponer acciones sostenibles, organizada por el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper), en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, contó con representantes del ámbito legislativo, municipal, empresarial y técnico.
Entre los expositores destacaron la diputada Kattia Cambronero; Gilberto Monge, de FEMETROM; Olga Marta Arias, de la empresa WPP; Geovanny Castillo, de CAMGESA; y el especialista Erick Silesky, quien presentó un diagnóstico del país. La moderación estuvo a cargo de María Isabel Solís, fiscal suplente del Colper.
Según datos del Banco Mundial, Costa Rica produce entre 200 y 499 kilos de residuos per cápita al año, pese a su reducido territorio. Sin embargo, el 94% de los desechos recolectados terminan en rellenos sanitarios, cuando lo ideal sería que solo un 5% llegara a esos destinos finales.
Actualmente, la mayoría de los principales rellenos sanitarios están en su fase final. El relleno Los Pinos en Cartago ya fue cerrado, mientras que Uruka (San José) y Aczarrí (Aserrí) tienen menos de dos años de vida útil. En contraste, Moín (Limón) cuenta con una proyección de 42 años más de operación.
Las propuestas planteadas por los especialistas incluyen la reducción de residuos desde la fuente, rediseño de productos, educación ambiental, inversiones en economía circular y migración a tecnologías como la incineración o la pirólisis. También se destacó la necesidad de crear más legislación para obligar a los gobiernos locales a gestionar adecuadamente sus desechos.





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