En Costa Rica, lo mismo que el resto de Hispanoamérica, la libertad de prensa se garantizó por vez primera mediante la Constitución de Cádiz (1812). En su artículo 371° se señalaba el derecho de todos los españoles a escribir, imprimir y publicar sin previa censura.

Esta disposición resulta paradójica si se considera que no todos los territorios del Imperio Español contaban con una imprenta al despertar el siglo XIX. En el istmo centroamericano, Guatemala contaba con una desde 1660 y el resto de sus provincias la introducirían hasta la década de 1830.

De esta manera, nuestro país recogió la herencia de un proceso iniciado en la Europa de la Reforma Protestante. La lucha por el derecho de libertad de conciencia, conllevó la conquista de otras libertades, entre ellas: la de manifestar los pensamientos, la de palabra y, más tarde, la de prensa.

La primera carta magna costarricense, el Pacto de Concordia (1821), no contempló la libertad de prensa, quizá por la imposibilidad de ejercerla dada la ausencia de una máquina que permitiera imprimir.

Una vez erigida la Federación Centroamericana, en 1824, se estableció en su carta fundamental la prohibición de que cualquier autoridad coartara esta libertad. Ese mismo año, la Tertulia Patriótica instó a los costarricenses a establecer en cualquier pueblo del país un periódico manuscrito —recurso muy popular en la Francia del Antiguo Régimen— que sirviera para difundir la ilustración. Esta acción permitió ejercitar el derecho de poner por escrito los pensamientos, sin tener que desembolsar las grandes sumas que significaba adquirir una imprenta.

Un año más tarde, la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica estipuló en su artículo segundo la garantía para las libertades de pensamiento, de palabra y de escritura. Una vez más la ausencia de la tecnología de Gutenberg, condicionó la redacción de la constitución.
Durante los primeros años de vida independiente, en el país se legisló para regular la circulación de libros, principales productos de la imprenta a los que se tenía acceso, pues se importaban de Europa y el resto de América. En 1828, se lanzó la orden de prohibir la introducción, circulación y venta de libros contrarios a la religión católica.

Posteriormente, el Decreto XXII de 1831 prohibió la circulación de los libros que contravenían a la doctrina católica y que se hallaban en el índice elaborado por los obispos mexicanos. Este comportamiento no deja de parecer extraño en un contexto en el que instituciones como la Inquisición languidecían y en el que se buscaba controlar a los periódicos, pues los libros dejaron de ser considerados objetos peligros como lo habían sido durante los tres siglos anteriores.

Los primeros años de la imprenta

En 1830, el comerciante Miguel Carranza introdujo la imprenta a Costa Rica. La tecnología no ingresa con el propósito de editar periódicos, sino con el de vender servicios al Estado, urgido de imprimir leyes, decretos, órdenes…

Pronto los intelectuales comenzaron a editar obras costeadas por sus propios bolsillos, lo cual limitaba el ejercicio de la libertad de imprenta. Poner por escrito los pensamientos en un libro era una hazaña costosa, que estaba al alcance de pocos. El historiador Iván Molina recuerda el caso de Claudio González Rucavado, quien debió esperar desde 1897 hasta 1901 para superar su condición de inédito por falta de recursos económicos.

En este sentido, los periódicos jugaron un papel determinante en la conquista de la libertad de prensa, pues ofrecían un espacio de discusión a un precio menor. El nacimiento del periodismo nacional, tras la aparición de El Noticioso Universal en enero de 1833, enfrentó a las autoridades con un problema hasta entonces desconocido: el control de la prensa.

En efecto, entre 1833 y 1902, se emitieron más de 30 leyes y decretos referentes a la libertad de prensa y al funcionamiento de la Imprenta Nacional. El mismo año en que el periodismo irrumpió en la cotidianeidad costarricense, se emitió la primera ley que reglamentaba la libertad de prensa.

Esta norma señalaba la obligación que tenía todo impresor de exigir la firma de los escritores, a pesar de que se consideraba que esta petición podría inhibir a quienes redactaban para los periódicos. Este deber fue levantado únicamente en 1843, con motivo de la formulación de la Constitución de 1844.

Los primeros treinta años de la imprenta en Costa Rica coinciden con un periodo de gran inestabilidad política. En los años que corren entre 1830 y 1859, el país emitió seis constituciones.

La Ley de Bases y Garantías (1841), promulgada durante el gobierno de Braulio Carrillo, es la primera carta que se refiere a la libertad de prensa de los costarricenses. Estas seis constituciones tienen algo en común: todas garantizan el libre ejercicio de este derecho sin censura previa, pero dejan abierta la posibilidad de regular los abusos mediante una ley.

Santiago Muñoz Machado, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, identifica dos tradiciones de la libertad de prensa: la europea que deriva de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), que permite la regulación a través de leyes y la estadounidense, derivada de la Primera Enmienda (1791) que señala que este derecho es ilegislable.

Costa Rica acoge la herencia española, que a su vez es deudora de la legislación francesa. Las leyes que regulan los abusos de la prensa durante los primeros años de vida independiente se refieren a límites que aún tienen vigencia como el derecho a la intimidad, pero también es cierto que manifiestan castigos excesivos.

Por ejemplo, el artículo 89 de la Ley Reglamentaria de Justicia de 1845 contemplaba el encarcelamiento de los periodistas en caso de que su delito mereciese pena corporal. Lo mismo señalaba la ley de Jurado de Imprenta, emitida en 1852.

De Tomás Guardia a Ascensión Esquivel

Entre 1870 y 1902 la libertad de prensa sería objeto de rígidos controles por parte de los gobiernos costarricenses. Las leyes de imprenta de 1869, 1872 y 1902 dictaron como requisito para abrir un taller tipográfico indicar el nombre, la dirección y el nombre del dueño de éste.

De esta manera, las autoridades podrían acudir rápidamente a estos establecimientos en caso de que publicaran papeles sediciosos.
Durante este periodo se gestará un cambio vital en la regulación de la libertad de prensa: la desaparición del Jurado de Imprenta. Éste fue creado en 1845 y ya para 1852 se le había conferido la exclusiva de calificar los delitos derivados del abuso de esta libertad.

El Jurado debía establecerse en todo lugar en donde hubiera un taller tipográfico. La Ley de Imprenta de 1872 señaló como requisitos para integrarlo: ser mayor de edad y ciudadano en ejercicio, ser vecino de la provincia, saber leer y escribir y ser del estado seglar.
Esta institución, cuyos miembros estaban obligados a permanecer encerrados a pan y agua hasta no ponerse de acuerdo en su dictamen, vería desaparecer sus funciones a partir de 1877, cuando se dispuso que las injurias y calumnias cometidas por la imprenta podrían perseguirse en los Tribunales Comunes.

Por su parte, la ley de imprenta de 1902, vigente hasta la actualidad, señaló en un principio que los delitos de imprenta serían juzgados por la Sala de Casación.

Aunque la Constitución de 1871 garantizara la libertad de prensa, no debe olvidarse la actitud represiva que mantuvo el gobierno de Tomás Guardia sobre la labor periodística, lo cual se evidencia en el descenso de publicaciones periódicas.

Los siguientes años se caracterizarían también por la represión a la libertad de prensa. La ley de 1902 condenaría los delitos de imprenta con prisión y protegería no solo a las autoridades gubernamentales sino también al obispo de San José contra las injurias y calumnias cometidas por quienes plasmaban sus opiniones en los periódicos.

Este breve recorrido por los primeros años de la libertad de prensa en nuestro país pone en evidencia que las autoridades mostraron una gran preocupación por regularla. Quienes redactaron en los impresos del siglo XIX lo hicieron con una mordaza y con el temor de ser juzgados y encarcelados en cualquier momento.