Representantes de diversos medios de comunicación alternativos y regionales manifestaron sus preocupaciones y dudas ante el borrador de proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo. El proyecto busca establecer los criterios generales que regulan el uso de los recursos destinados a financiar la publicidad oficial.

Directores de medios se dieron cita el pasado 25 de agosto al conversatorio organizado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper), con la participación de Mauricio Herrrera, ministro de Comunicación.

Junto a él ocuparon la mesa principal  Kattia Zamora, directora del medio Actualidad del Oeste y representante del programa Sello de Garantía del Colper, y Carlos Luis Garro, en representación de los medios regionales. El conversatorio estuvo moderado por Martín Chinchilla, vicepresidente del Colper.

Autorregulación

Según explicó el ministro Herrera, la ley es una regulación autoimpuesta por el Estado para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y en la búsqueda de mecanismos que aseguren la no discriminación de medios, así como una distribución plural y equitativa. 

Así, por ejemplo, en su artículo 7 el proyecto establece la obligatoriedad de las empresas de comunicación que aspiren a recibir pauta oficial, de inscribirse en un registro especial que estará a cargo del Ministerio de Hacienda. Asimismo, en el artículo 10 se indica que la distribución de pauta debe  respetar la pluralidad de medios y evitar “perjuicios fundados en razón de razones ideológicas, políticas y/o partidarias”.

No obstante, este mismo artículo plantea una obligación que fue objetada con vehemencia por los representantes de los medios regionales y alternativos, y es la fijación de un mínimo de “al menos el 10%” en la asignación de la publicidad oficial para medios alternativos, rurales y comunales.

“Esto se puede prestar para asignar de forma automática un 90% a medios nacionales y dejar muy poco para los regionales o alternativos. Queremos que (el monto) sea más equitativo y que en realidad no haya discriminación”, manifestó Kattia Zamora. 

Zamora aprovechó su participación para describir “el calvario” que viven los medios regionales cuando tocan las puertas de las instituciones públicas y la respuesta que reciben es que no hay presupuesto.

En el orden usual: Mauricio Herrera, ministro de Comunicación; Martín Chinchilla, vicepresidente del Colper; Kattia Zamora, representante del Sello de Garantía y Carlos Garro, representante de los medios regionales.

“¿Hasta dónde se respeta nuestro trabajo?”, cuestionó la periodista, quien considera que el gobierno debiera tomar en cuenta la capacitación y la garantía de los medios que cuentan con un profesional en comunicación y poseen un respaldo, como el que da el Sello de Garantía del Colper.  

Richard Molina, de la Agencia de Prensa Costarricense (APC), calificó de “sentencia de muerte” el establecimiento de un mínimo de 10% de pauta para los medios regionales y llamó la atención sobre una posible violación a los principios de la Constitución Política en cuanto a la distribución equitativa de la riqueza. “Cuando se reparte la pauta de la forma en que se está haciendo, evidentemente hay una violación constitucional”, dijo Molina.

El periodista argumentó que a pesar de que la APC representa a más de 40 medios de comunicación, y poseen cédula jurídica, esa unión y  formalidad no garantizan nada a la hora de entrar a competir por la pauta oficial. Acusó con nombres y apellidos a las instituciones del Estado por asignar la pauta “a dedo” y achacó el problema a una falta de reglas claras para ofertar en igualdad de condiciones.

Laura Mc Quiddy, del Periódico Velero Informativo, se unió a las críticas en contra del límite del 10% por ciento en la asignación de la pauta para medios regionales y alternativos.

Mc Quiddy se refirió  a la necesidad que ya enfrentan para acceder a esa pauta en comparación con el dinero que reciben los grandes grupos radiofónicos y televisivos del país. Cuestionó si ese límite no iba más bien en contraposición con el objetivo de no discriminación a la hora de distribuir estos recursos.

Mejor que nada

Sobre las críticas al proyecto, el ministro Herrera aclaró que el borrador es una propuesta en donde lo que se busca es establecer criterios básicos para evitar arbitrariedades.

Herrera reconoció la existencia de “una anarquía” en este tema y de ahí la propuesta de establecer criterios mínimos los cuales, si bien no son exhaustivos, son un paso adelante para exigir un esfuerzo mayor a las personas con las llaves de los presupuestos.

Sobre el polémico 10%, el funcionario defendió la medida y citó el caso del Sistema Nacional de Radio y Televisión. “Si no fuera por eso (el mínimo establecido), el Sinart estuviera recibiendo muchísimo menos”, justificó.

Herrera advirtió que de elevarse ese porcentaje a un 15% o un 20% podría hacerse políticamente inviable en la Asamblea Legislativa, ante el resquemor que sobre esa asignación por ley existe de parte de grandes medios de comunicación, que también pujan por estos recursos.

El ministro consideró como una “idea interesante” dar prioridad a los medios que poseen una acreditación como el “Sello de Garantía” en donde se garantice la presencia de un profesional en comunicación en la dirección del medio.

Otros señalamientos

Aparte de la obligación de un  porcentaje mínimo de pauta, del desorden generalizado de los sistemas de asignación de recursos en las instituciones públicas y la discriminación que aseguran sufrir los directores de medios regionales y alternativos, existen otros señalamientos.

Carlos Luis Garro dijo tener dudas sobre la aplicación real que un proyecto de esta naturaleza pudiera tener, producto de algunos vacíos en materia jurídica. El representante de los medios regionales también cuestionó el artículo 6 sobre accesibilidad, en donde se aborda el tema de la relación entre gastos en publicidad oficial, la cantidad de destinatarios y el ámbito territorial.

“Estaríamos ante una difícil situación en donde una comunidad, con una extensión territorial grande, se vería limitada por estos principios que tal vez son aplicables a un medio de nacional, pero no tanto a la realidad y contexto de un medio local”, advirtió.

Christian Reyes, director del medio alternativo Basquet en Línea, se mostró preocupado por varios aspectos; en especial por el tiempo que pueda demorar el Poder Ejecutivo en enviar este proyecto a la Asamblea Legislativa y que finalmente sea aprobado.

Luis Rojas, del periódico El Coronadeño, habló con escepticismo sobre el futuro del proyecto si el gobierno no realiza antes un estudio serio sobre la situación de los medios de comunicación en el país. “Aquí hay medios de comunicación de renombre que solo viven de eso, del nombre”, denunció.

Luis Rojas, director del periódico El Coronadeño, denunció la falta de apoyo del Estado para los medios regionales.

Rojas asegura que los 20 años de subsistencia de su periódico se debe a la pauta comercial de la propia comunidad, y no a la del Estado.

El diputado del Partido Liberación Nacional, Rolando González, estuvo presente en el conversatorio y se presentó ante el público en su doble función de congresista y productor radial (desde hace 12 años dirige el programa “La hora que ortiga”).

González  planteó la interrogante de si la pauta oficial debiera asignarse con un criterio de productividad o más bien de solidaridad, criterios que-aclaró- pueden no ser excluyentes.

“(…) En Costa Rica hemos multiplicado el crecimiento de la riqueza, y paradójicamente, mientras crece la riqueza, crece el empobrecimiento. Y no veo justo, que quienes están en este segmento poblacional, y ocupacional, sean castigados también con una medida que lleve a ese punto”, dijo en su intervención.

Sobre este punto, Mauricio Herrera estuvo de acuerdo con que en la distribución de la pauta no debe prevalece únicamente el criterio de “rating” y citó a la relatoría de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como base para la necesidad de que existe una cuota específica mínima. “Eso es importante para propiciar una mayor democratización del ecosistema mediático en los países”, dijo. 

Otras críticas se enfilaron hacia la ineficiencia de los sistemas de compras estatales como Merlink para concursar para la obtención de fondos y la generación de empleo como variable en la distribución de los recursos del Estado.

“No podemos seguir haciendo ricos a algunos colegas que solo tienen a una persona y no generan ningún empleo”, expresó Richard Molina, de la Agencia de Prensa Costarricense,

El proyecto de Ley de Publicidad Oficial forma parte de un conjunto de proyectos de ley en materia de libertad de expresión que son de interés del gobierno para fortalecer la transparencia en la función pública y darle garantías a la ciudanía a la hora de pedir cuentas.

En días pasados el tema de la utilización de pauta oficial como premio o castigo tomó relevancia ante una denuncia del diario La Nación.

Dicho diario acusó al Banco Nacional de Costa Rica por cortarle la publicidad como respuesta a una serie de reportajes que afectaban su reputación como entidad bancaria. 

“Creemos que el contexto es propicio para plantear esta discusión”, acotó el ministro Herrera.