DEMANDA DE LA PRESIDENTE ALCANZA CRÍTICA POLÍTICA

La demanda de la señora Presidente de La República, Laura Chinchilla, por supuesta difamación contra un empresario preocupa a sectores de la comunicación en cuanto a los alcances del eventual fallo al ejercicio de la libre expresión en internet, eso sí enmarcado en una cultura histórica nacional de libre crítica que en vez de asustar, ironiza con la polémica, y ya creó el hastag #LauraLeaEsto.

Cuestionamientos en sectores de la prensa generaron las declaraciones del exMinistro de Comunicación, Francisco Chacón, el 7 de mayo del 2013, en CRhoy quien demandó detener el “bullying” contra la presidenta  y del también exMinistro de Comunicación y actual Ministro de Planificación, Roberto Gallardo, el 8 de julio, en La República quien recientemente indicó “tenemos derechos a reaccionar”, sobre las publicaciones en las redes sociales e indicó que “la gente tiene tres años de estar diciendo lo que le da la gana en Internet”.

El actual Ministro de Comunicación y Enlace Institucional, Carlos Roverssi declaró en La Prensa Libre que continuará con la demanda por la publicación en Facebook del empresario Rodríguez Baldí, “aquí no hay ninguna mordaza, él difamó y tiene que demostrar que no es así, que diga cuál es esa propiedad que compró la Presidenta, que diga cuál es esa empresa eólica y, sino, va a tener que pagar”.

La parte acusada reacciona bajo la primicia de que “los funcionarios públicos no pueden sentirse amenazados y menos negarse a ser transparentes frente a cualquier cuestionamiento, por cuanto la crítica, el pedir cuentas, y la explicación de su vida y patrimonio tienen que ser públicos”.

En una nación acostumbrada a la Internet libre, el uso democrático de la información y la crítica política, la posición oficial genera dudas en la población, cuando en el mismo seno del Gobierno se apoya la coalición de la libertad de expresión en Internet en Naciones Unidas, cuyo objetivo es desarrollar esfuerzos en la protección de los derechos humanos en internet.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) en el caso Kimel Vs. Argentina señala la importancia de la libre expresión y los derechos humanos: “dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo”.

La pregunta que aún no se responde es cómo equilibrar las influencias y estructuras políticas en casos de demandas entre un funcionario de alto rango en relación con un periodista ó un ciudadano común, cómo sucedió en el despido del actual presidente del Colegio de Periodistas, José Rodolfo Ibarra cuando denunció el aumento salarial del primer mandatario de La República en editorial del otrora programa NC4 .

 

RESOLUCIONES DE LA CORTE A LA LIBRE EXPRESIÓN

El caso de Ulloa Herrera Vs. Costa Rica específica que el límite del derecho a la información es el derecho a la intimidad, el cual únicamente cede frente a la libertad de información, cuando se trate de una figura pública y se refiera a actos públicos de esta figura, señalando que “los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio de la ciudadanía, deben mostrar mayor tolerancia a la crítica”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 2 de mayo del 2008, también emitió un histórico fallo, denominado Kimel vs. Argentina, a favor del periodista Eduardo Gabriel Kimel, quien dirigió su crítica política a un funcionario de un Poder de La República en claro tema de notorio interés público.

Kimel fue condenado por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones de Argentina a un año de prisión y una multa de veinte mil pesos por el delito de calumnia por publicar una serie de libros sobre los hechos de “La masacre de San Patricio”, en los cuales critica la actuación de las autoridades, y llevó a que el mencionado juez demandará al comunicador por el delito de calumnia, en el marco del desacato contra un magistrado que regía en ese momento, en un país que vivió una dictadura militar de 1976 a 1983..

La resolución mencionó que el señor Kimel “no utilizó lenguaje alguno que pudiera considerarse abusivo” ni utilizó “palabras desmedidas”,ni hizo referencia a aspectos de la vida personal del juez que lo querelló sino con su trabajo en la causa judicial a su cargo.

La CDIH advirtió que la “mera existencia de los tipos penales aplicados al señor Kimel disuade a las personas de emitir  opiniones críticas respecto de la actuación de las autoridades, dada la amenaza de sanciones penales y pecuniarias”, e instruye de que si el Estado decide conservar la normativa que sanciona las calumnias e injurias, deberá precisarla de forma tal que no se afecte la libre expresión”.

Además, hace referencia que aunque exista el propósito legítimo de proteger el honor de un funcionario público, “los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a las críticas que los particulares”.

El peso de la legislación internacional de la libertad de expresión sigue vigente en nuestro país que espera atenta la resolución de la demanda de la primera mandataria del país por la supuesta publicación difamatoria en Internet.