Cuando una pregunta de interés público queda sin respuesta, pierde la ciudadanía. Cuando una persona comunicadora enfrenta intimidación o presiones por investigar, se debilita la capacidad de la sociedad para fiscalizar las decisiones que la afectan.

Por eso, considero que la defensa de la libertad de prensa debe seguir ocupándonos, como lo han hecho quienes están al frente de la actual JD.

La defensa de la libertad de prensa debe ocupar  un lugar central en la próxima gestión del COLPER.

Los indicadores internacionales nos llaman a actuar.

En la clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, Reporteros Sin Fronteras situó a Costa Rica en el puesto 38 de 180 países, con una puntuación de 72,35 sobre 100. En 2025 ocupaba el lugar 36, con 73,09 puntos. El país retrocedió dos posiciones y también disminuyó su calificación.

El diagnóstico de RSF reconoce las fortalezas del marco jurídico costarricense y el papel de la Sala Constitucional en la protección de la prensa, por otra parte,advierte que las presiones desde el poder y el deterioro del clima público han incrementado los riesgos de autocensura. Esa combinación exige cuidar las garantías que conservamos y atender las señales de deterioro.

La preocupación también aparece en el informe sobre Costa Rica presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa en su reunión de abril de 2026. La organización señaló un clima de tensión marcado por ataques verbales y físicos contra comunicadores, con efectos intimidatorios y señales de autocensura en la prensa independiente.

Las condiciones económicas merecen igual atención. El 26 de agosto de 2026, la SIP y el Comité para la Protección de Periodistas expresaron preocupación por el proyecto legislativo 24.461. Advirtieron que cargas económicas desproporcionadas que amenacen la continuidad de medios de radio y televisión pueden afectar el pluralismo y el acceso ciudadano a la información. Su pronunciamiento reconoció la potestad estatal de regular el espectro, pero pidió criterios técnicos, proporcionales y transparentes.

Ante estas advertencias, mi posición es clara: el COLPER debe fortalecer su capacidad de documentar obstáculos, orientar a las personas afectadas y sostener una defensa fundamentada del ejercicio profesional.

La propuesta de Movete 2027–2028 plantea una Red Colper de Libertad de Prensa y Acceso a la Información. Esta iniciativa permitiría organizar la recepción de alertas, brindar acompañamiento inicial y facilitar modelos de solicitudes de información y recursos. Los informes semestrales propuestos ayudarían a identificar problemas recurrentes y evaluar la respuesta institucional.

También considero necesario acercar esta defensa a las comunidades. Los medios locales necesitan oportunidades de formación y acompañamiento para sostener su trabajo. La ciudadanía necesita herramientas para reconocer información confiable y espacios donde expresar sus necesidades informativas.

Como aspirante a la Junta Directiva, respaldo esta agenda con un criterio de responsabilidad: gestionar las alianzas, definir responsables y plazos, resguardar los datos personales y rendir cuentas sobre los resultados.

La tradición democrática de Costa Rica nos compromete a actuar. Aspiro a contribuir a un COLPER que haga sentir su presencia cuando investigar resulte difícil, cuando una voz enfrente intimidación y cuando una comunidad necesite información para participar en las decisiones que marcarán su futuro.