En Costa Rica, hablar de bienestar, desarrollo y visión de país sin mencionar las Áreas Silvestres Protegidas es hablar a medias. Resulta inquietante que, en plena campaña electoral, cuando los partidos y candidatos a la Presidencia deberían mostrar con claridad su visión del futuro, este tema brille por su ausencia o sea tratado con una superficialidad muy lejos de la relevancia real que tiene para el país.

Las Áreas Silvestres Protegidas no son un accesorio ambiental; son uno de los motores más sólidos de nuestra economía y un pilar para la estabilidad social, la salud pública, la adaptación climática y la identidad nacional. Diversos análisis del Programa Estado de la Nación (PRIAS–UNA) han demostrado que los servicios ecosistémicos asociados a estas áreas generan beneficios sustanciales. El Estado de la Nación ha señalado que su valor económico supera los USD 1.900 millones anuales, cerca de un 3 % del PIB, incluyendo turismo, protección hídrica, regulación climática y miles de empleos en zonas rurales.

Cuando se compara este aporte con la inversión pública, la desproporción es evidente. Mientras las Áreas Silvestres Protegidas generaron alrededor de USD 1.800 millones, el presupuesto ejecutado por el SINAC en 2022 fue de apenas USD 45 millones. Es decir, por cada dólar que invierte el Estado, estas áreas podrían generar cerca de USD 40 en beneficios para Costa Rica. En otras palabras, la inversión estatal representa apenas un 2,5 % de su valor económico estimado.

Las Áreas Silvestres Protegidas no son un gasto; son una de las inversiones más rentables, estratégicas y seguras que el país puede hacer. Fuentes: Programa Estado de la Nación, PRIAS–UNA (Informe Ambiental 2018– 2023); SINAC 2022.

A pesar de estos datos, en los debates políticos actuales el tema ha dejado de ser prioridad. No existe claridad sobre el futuro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), sobre el modelo de gestión que se impulsará, ni sobre cómo se garantizará su sostenibilidad financiera. Tampoco se escucha una visión seria acerca de la capacidad institucional para enfrentar amenazas crecientes como la minería ilegal, la cacería furtiva, la pesca ilegal, la presión del desarrollo urbano o el turismo desordenado que ignora la capacidad de carga de los ecosistemas. Las preguntas fundamentales siguen sin respuesta. Costa Rica necesita que quienes aspiran a la Presidencia hablen claro sobre el futuro de sus Áreas Silvestres Protegidas. El país merece saber si habrá fortalecimiento, reforma o abandono del modelo actual. Este no es un tema secundario: es un asunto central para nuestro bienestar presente y futuro. Sin una política clara, transparente y basada en ciencia, la conservación —que antes fue motivo de orgullo internacional— podría debilitarse hasta perder su capacidad de sostener el modelo de desarrollo que distingue a Costa Rica.

Un debate serio sobre el futuro de las Áreas Silvestres Protegidas es urgente. Significa exigir planificación, responsabilidad y visión estratégica. Significa reconocer que nuestro capital natural —ecosistemas, biodiversidad, agua y paisajes— es una ventaja competitiva que ningún otro país puede replicar. Y significa entender que el bienestar de las próximas generaciones depende de decisiones que debemos tomar hoy.

Durante décadas nos sentimos orgullosos de afirmar que Costa Rica era líder mundial en conservación. Hoy debemos preguntarnos: ¿Seguimos a la altura de esa afirmación? Y si no lo estamos, ¿qué vamos a hacer para recuperar el rumbo?

Es momento de que los partidos incorporen, con seriedad y compromiso, el futuro de las Áreas Silvestres Protegidas en sus programas de gobierno. No como frase decorativa, sino como un eje estratégico del desarrollo nacional. Porque el país que queremos construir —el que soñamos para nuestros hijos y nietos— no será posible si renunciamos al legado natural que nos hizo únicos ante el mundo.