La libertad de expresión y de prensa es uno de los pilares fundamentales en los que se asientan los sistemas democráticos. Sin estas libertades y otras tantas, como la de reunión y movilización, no es posible la vida en democracia. Se podría sumar el Estado de Derecho. Son producto de una larga lucha de la humanidad para consagrarlas en sus leyes, en sus constituciones políticas y en los tratados internacionales, aunque nunca dejan de estar amenazadas por dictaduras y regímenes autoritarios. Líderes políticos que ven con desconfianza o molestia que existan contrapesos y mecanismos de control a su labor, como corresponde. La prensa independiente desempeña un papel clave en este control político.  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969) advierte que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho no debe estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades posteriores. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información, sea oral, por escrito o forma impresa o por cualquier otro procedimiento de su elección (Artículo 13). Aunque no lo expresa abiertamente, resulta natural que esta prerrogativa se extienda a las modernas herramientas tecnológicas, que no existían cuando fue firmado este Tratado internacional, con la responsabilidad que conlleva este ejercicio. Toda libertad también conlleva una responsabilidad.  

En igual sentido se recoge en nuestra Constitución Política. Todos podemos comunicar nuestros pensamientos de palabra y publicarlos sin censura previa, pero seremos responsables de los abusos que cometamos en el ejercicio de este derecho (artículo 29). También se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con el propósito de obtener información sobre asuntos de interés público, salvo los secretos de Estado (Artículo 30). La Sala Constitucional ha ahondado, con moderna jurisprudencia, en esta prerrogativa.

En términos parecidos lo recoge la Ley orgánica del Colegio Periodistas, Relaciones Públicas, Publicistas y Ciencias de la Comunicación. Entre sus funciones destaca vigilar por el fiel cumplimiento del derecho de los seres humanos a estar bien informados. Para ello promoverá y velará por el respeto absoluto de la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa, en un marco de respeto a los derechos humanos. Es decir, dignificar la profesión y las libertades de prensa y de expresión, son tareas que claramente corresponden también, por ley, al Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación como parte de su labor.

La libertad de expresión y de prensa, desde este punto de vista, no es una prerrogativa o beneficio que otorga el gobernante de turno, sino una obligación en el cumplimiento de la ley, que juran respetar en el momento de su investidura, cuando juran someterse a un marco jurídico determinado. Debemos añadir también el respeto, con reciprocidad, a los comunicadores y sus libertades como ciudadanos y como profesionales en este campo.  

Corrientes políticas, surgidas en los últimos años, u otras que vienen de mucho atrás pero que pretenden ser recicladas, han mostrado incomodidad por el derecho y la obligación de los trabajadores de la comunicación a difundir información, más allá de gusto del gobernante de turno, olvidando compromisos incluso supranacionales. 

En sus funciones, el Colper debe ser siempre un atento vigilante, como parte de sus funciones indeclinables, del respeto a este derecho. Es un compromiso que debe asumir, con claridad y transparencia, la nueva Junta Directiva que elegiremos este siete de noviembre.